Las pensiones suponen la red básica de seguridad en la que se basa nuestro sistema de bienestar occidental, por lo que toda la atención que dediquemos a ella será poca. ¿Cómo está el sistema en España? ¿Condenado al cierre y liquidación, como vaticinan algunos, o investido de eterna juventud como nos prometen otros? Pues vayamos por partes. Hasta el presente, el sistema goza de buena salud, aunque es cierto que encierra en su interior debilidades que pueden dar la cara en el futuro si no tomamos ahora las medidas adecuadas. Estamos aún a tiempo para ello, y podemos graduarlas inteligentemente en el tiempo.
Nos hemos equivocado en demasiadas cosas estos últimos años. Nuestra economía ha perdido competitividad a ojos vista; no hemos sabido controlar nuestro déficit, ni público ni comercial; nuestras empresas están endeudadas hasta las cejas. Podríamos arrepentirnos de mil pecados más, pero también es de justicia que los equilibremos con algunos aciertos. Y entre ellos, sin ningún género de dudas, luce nuestro sistema público de pensiones. Primero, por su impecable gestión. Segundo, por sus resultados de superávit, que han permitido dotar un significativo fondo de reserva. Y tercero, por el gran consenso social y político en el que se sustentaba, expresado en el celebérrimo Pacto de Toledo.
Y en esto estábamos cuando saltó la sorpresa, tras la fallida Cumbre de Davos, de la inesperada decisión de modificar algunos de los requerimientos -entre otros el de la edad- para alcanzar la jubilación. Como no podía ser de otra forma, se incendió el debate político y social y el Gobierno tuvo que matizar su propuesta inicial, en su habitual política de freno y marcha atrás. Independientemente de lo afortunado o desafortunado que estuviese en sus formas de plantear el debate -y se equivocó al hacerlo extemporáneamente, fuera del Pacto de Toledo-, no cabe duda de que tendremos que ir introduciendo paulatinas modificaciones a nuestro sistema para conseguir que nuestras pensiones sean viables en el futuro.
Luchamos contra nuestra demografía, contra nuestro inexorable envejecimiento y contra un desempleo que desequilibra la relación entre cotizantes y beneficiarios del sistema. Las altas cotizaciones que penalizan nuestro empleo y restan competitividad a nuestras empresas debe ser otra de las cuestiones a abordar.
Esa graduación de reformas consensuadas conformó el espíritu del Pacto de Toledo, tal y como se puede leer en su punto 15. Los padres de la patria, en el momento clarividente del acuerdo, ya previeron que deberíamos ir modificando sus bases en el futuro. El modelo que tenemos es el adecuado. Una vez dicho esto, somos conscientes de la necesidad de adaptarlo a la evolución real de la sociedad. El sistema reviste tanta importancia que debemos esforzarnos por mantener el consenso que sobre la materia hemos disfrutado durante estos últimos años. El Pacto de Toledo sigue siendo el lugar adecuado para plantear y debatir las reformas necesarias, muchas de ellas ya apuntadas en el documento original. Sin duda alguna, habrá que subir la edad de jubilación, tal y como ya han hecho algunas de las grandes economías europeas. Esta subida debe realizarse gradualmente, para no resultar traumática, exceptuando aquellos trabajos que se consideren penosos. La base y el cómputo de cálculo también deberán modificarse, según las necesidades que sean estimadas.
No tenemos un problema de pensiones. Tenemos un gravísimo problema de empleo, que reduce la base de cotizantes. La pirámide demográfica y el envejecimiento también juegan en contra. Nuestro sistema de pensiones sólo podrá resultar estable a largo plazo si se mantiene la suficiente base de cotizantes. La mejor receta para nuestras pensiones, además de mantener el espíritu del Pacto de Toledo, es facilitar una economía abierta y competitiva que permita la creación de empleo.
Manuel Pimentel es ex ministro de Trabajo.
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