Entre el crecimiento lánguido por debajo del 2% durante los próximos cinco años previsto por el Fondo Monetario Internacional para España y el más vigoroso, casi el doble, adelantado por el Gobierno a Bruselas, se sitúa el coste de no realizar las reformas estructurales necesarias. A lo que debería sumar el precio a pagar por la rebaja en la calificación de España en los mercados internacionales.
No obstante, me parece que el último Informe de Primavera del FMI tiene otros asuntos de gran calado que quiero comentar también. En primer lugar, cuando dice que “las ineficiencias de los mercados financieros y las fallas de regulación y supervisión desempeñaron un papel importante durante la crisis”. Estamos donde estamos porque la desregulación provocó un fallo tremendo en el funcionamiento de esos mismos mercados monetarios internacionales que están ahora mismo en pie de guerra contra Grecia y amenazan, posiblemente gracias al dinero público que recibieron para no quebrar, con seguir ganando dinero especulando contra más países del euro. Esa reforma profunda del sistema financiero que el ECOFIN no quiere hacer es, ya, un imperativo moral. Cuando hace veinte años, Soros se hizo rico especulando contra la libra, no lo hacía con dinero público recibido como parte de una operación de salvamento para evitar más quiebras como la de Lehman, ni fue acusado de fraude como Goldman.
En segundo lugar, estoy también de acuerdo con el FMI cuando recuerda que “la extraordinaria intervención efectuada por los gobiernos desde la crisis eliminó el riesgo de una segunda Gran Depresión y sentó las bases de la recuperación”. La intervención del Estado, en forma de impulso presupuestario y monetario, no estuvo en el origen del problema sino, más bien, en la esencia de su solución. Y claro, trajo como resultado un incremento de los déficits y la deuda pública que el propio FMI reconoce más vinculado a los efectos de los estabilizadores automáticos que a decisiones discrecionales. La deuda privada duplica hoy en España a la pública y ésta no ha sido consecuencia de un Gobierno manirroto, sino de los efectos de una crisis financiera mundial, amplificada a través del ladrillo.
En tercer lugar, coincido con el FMI en que uno de los principales riesgos de la situación actual es que el paro coyuntural se convierta en estructural. Dicho de otra manera, que España hay alcanzado la tasa del 20% de paro en tan solo dos años, pero que necesitemos otros diez en que vuelva al 8% previo. Por ello, apoyo su referencia genérica a que los impulsos públicos a la actividad económica no se retiren durante este año y, en todo caso, hasta que las perspectivas de crecimiento estén suficientemente consolidadas. Sobre todo, añado yo, en países como España en que el elevado endeudamiento de familias y empresas va a dificultar esa necesaria transición desde el motor público de la recuperación, al privado. No es bajando impuestos y recortando gasto público, como parece defender la oposición conservadora, por donde vendrá ahora la recuperación.
Una estrategia de salida de la crisis debe contener dos cosas más: una profunda reforma de nuestro sistema financiero, atascado por cemento, así como un conjunto de reformas estructurales creíbles y eficaces que permitan elevar la tasa de crecimiento y alejen los fantasmas griegos sobre nuestro país.
Poco se puede añadir, a estas alturas, sobre la reestructuración financiera española salvo reiterar que resulta ya inexplicable que el presidente de Caja Madrid y vicepresidente de la CECA, Rodrigo Rato, diga que sobran la mitad de las cajas de ahorro y no pase nada. Si no tiene razón, alguien desde el Gobierno y el Banco de España debería haber salido para desmentirlo y tranquilizar a los ciudadanos y a los inversores. Y si tiene razón, alguien desde el Gobierno y el Banco de España debería haber salido para explicar cómo y cuando van a hacerlo. Hemos vivido una crisis de sobreendeudamiento y un poco de austeridad crediticia es necesaria. Pero no alcanzaremos una velocidad de crucero en la recuperación sin haber reactivado el mercado del crédito privado mucho más allá de lo que puede hacer el ICO que tenemos.
Por último, las reformas. En el mercado laboral, en los impuestos, en el gasto público, en las pensiones, en la sanidad, en la administración, en el modelo de crecimiento, en la justicia, en el sector energético… casi no queda a salvo de reforma necesaria ningún sector de la actividad económica del país si queremos que la reactivación escasa que pronostican tanto el FMI como el consenso de economistas en nuestro país, se convierta en ese crecimiento vigoroso, creador de empleo y reductor del déficit público que prevé el Gobierno en su Programa de Estabilidad.
En contra de lo dicho esta semana por el Secretario de Estado de Hacienda, hay mucho y muy distinto que hacer para fortalecer nuestra credibilidad ante los mercados exteriores. Incluso aceptando que gracias a las 150 medidas ya aprobadas el resultado del paro no ha sido peor, resulta imprescindible hacer esas 10 reformas estructurales pendientes.
El coste de no hacerlas, cuando todo el mundo, ya hasta el Gobierno, las considera imprescindibles, sería elevado para España: punto y medio de tasa anual de crecimiento del PIB, miles de puestos de trabajo no creados, puntos de déficit público no reducido, encarecimiento de la financiación de la deuda pública, riqueza no creada ni repartida. Pero el precio a pagar por el inmovilismo, sería también inabordable en términos de prima de riesgo exigida por esa mitad de nuestra deuda, pública y privada, que queremos colocar en los mercados exteriores.
Sigo creyendo que lo peor ha pasado, que podemos tener un primer trimestre mejor de lo previsto e incluso acabar este año con crecimiento ligeramente positivo. Pero nada de eso invalida estas reflexiones cuya necesidad va más allá de esperar a que pase el temporal. Porque nunca volveremos al punto de partida sino a otro mucho peor y socialmente más injusto, si no hacemos algo, ya, para evitarlo. Portugal, puede estar marcando el camino.
Jordi Sevilla és exministre
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